El defensor Luis Ger y la secretaria general Leisa Lescano, participaron como observadores de la marcha de los jubilados llevada a cabo el miércoles pasado.
Luego de finalizado el primer plenario de ADPRA en la ciudad de Bs. As., los integrantes de las distintas defensorías del país, acompañaron a los jubilados en su tradicional marcha de los miércoles pidiendo por reivindicaciones en sus haberes y una condición digna de vida, teniendo presente la decisión del gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación de implementar el protocolo «Antipiquetes» para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de la democracia, según declaraciones de la ministra Bulrich, la Defensoría de CABA implementó un grupo de «observadores» en distintos lugares donde se realiza la manifestación apostando carpas en lugares estratégicos.
Para actuar en esta situación, se dispuso para los observadores, la entrega de un kit compuesto por casco, antiparras, barbijos, guantes y otros elementos básicos para la seguridad personal atento a las situaciones generadas en las últimas marchas, además de la incorporación de CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) una asociación civil de carácter voluntario que promueve, instruye y trabaja en contextos que requieran de asistencia humanitaria, para actuar ante cualquier situación que pudiera presentarse.
En este contexto, el defensor Luis Ger y la secretaria general Leisa Lescano, participaron como observadores de la marcha de los jubilados llevada a cabo el miércoles pasado, al respecto Ger afirmó: «Como integrantes de la institución defensora de los derechos de los ciudadanos, tenemos la obligación moral de estar en estas situaciones para garantizar no solo a los jubilados sino a todos en general, que no se vulneren los derechos como acostumbra este gobierno que pisotea entre otros el derecho a peticionar expresado claramente en nuestra constitución, a la que poca y nada importancia le dan».
Oportunamente días antes del la marcha se presentó un Habeas Corpus preventivo y colectivo ante la Justicia para resguardar los derechos de las personas que participen de la manifestación o transiten por la zona en la que se desarrolla. La acción fue interpuesta frente a la creciente preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en el contexto del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, aprobado por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.