Las actividades programadas en la Asamblea y Seminario del ILO permitió compartir experiencias con las instituciones defensoras de los derechos de Latinoamérica y el Caribe.
Durante la segunda jornada la XIII Asamblea y Seminario del Instituto Latinoamericano del Ombudsman Defensorías del Pueblo (ILO), desarrollado en el Centro de Convenciones «Brigadier General Juan Bautista Bustos», Predio Ferial Ramón Cárcano de la provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo Luis Ger, participó de la mesa panel sobre el tema: Defensorías universitarias y su importancia.
En la oportunidad, Ger compartió panel con defensoras universitarias de Córdoba, Brasilia y México intercambiando conceptos referentes a las condiciones y situaciones que rodean el ingreso de estudiantes a las universidades, los posibles condicionamientos que sufren y el rol que desempeñan las defensorías en ese sentido.
Las actividades se complementaron en el cierre con el abordaje del rol de las instituciones de derechos humanos en el desarrollo de ciudades inclusivas y accesibles, con la posterior síntesis del seminario y la clausura del mismo a cargo de Ismael Rins, Secretario General del ILO Argentina.
La tercera y última jornada estuvo dedicada a la Asamblea General del ILO, quedando la apertura a cargo de la presidente Cristina Ayoub Riche.
En la oportunidad Ismael Rins, realizó la incorporación de los nuevos miembros contándose entre ellos al defensor del Pueblo Luis Ger y la Secretaria General de la institución Dra. Leisa Lescano.
Las actividades desarrolladas por el ILO en la provincia de Córdoba, marcaron la vuelta a la presencialidad del Instituto, permitiendo tener la posibilidad de tomar contacto con las realidades que vive cada país integrante a través de las distintas defensorías, para evidenciar las consecuencias sociales, políticas y económicas como consecuencia de la pandemia, agravadas por la inestabilidad generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus incidencia en la economía global, particularmente en Latinoamérica y el Caribe.
Esta situación plantea un desafío no solo para los gobiernos que deben atender la creciente desigualdad y falta de bienestar general, sino también para las instituciones defensoras de los derechos humanos, quienes deben acompañar al ciudadano en este proceso en busca de mejorar la calidad de vida del soberano.